En un procedimiento administrativo en el que se pretendía sancionar a un funcionario, se solicitó que se admitiera como prueba la transcripción telefónica de una conversación de WhatsApp. A partir del artículo 37 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, por el Instructor de dicho procedimiento se negó la práctica de tal prueba (este artículo establece que El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denegación)
Dicha prueba fue rechazada entre otras razones, por no considerarse un medio de prueba admisible dado que:
Ante tal negativa a la práctica de la prueba solicitada, por el sujeto a ser sancionado se requirió como segunda prueba que se procediese a examinar y levantar testimonio del teléfono móvil en cuestión donde constaba la conversación telefónica (WhatsApp) anteriormente referida a los efectos de dejar constancia de su contenido, fecha de la conversación y teléfonos intervinientes en dicha conversación, no siendo admitida tampoco esta última diligencia por los mismos motivos anteriormente expuestos; concretamente se desestimaba esta segunda prueba por
Movido por la curiosidad de saber si se considera una prueba admisible en Derecho una conversación de WhatsApp, he buscado algún ejemplo que si acepte tal prueba como válida y así he encontrado el Auto del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2013 que considera este sistema de mensajería instantánea como un medio válido para acreditar determinados hechos:
- En dicho asunto, el condenado por un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes, decidió recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que lo había condenado, siendo la base de su recurso la vulneración del artículo 18.3 de la CE , en relación con el artículo 24.2 de la misma (derecho a la presunción de inocencia) dado que éste interpretaba que las conversaciones intervenidas en el teléfono del recurrente por medio de la aplicación whatsapp de su teléfono, eran nulas por vulnerar la doctrina jurisprudencial sobre las escuchas telefónicas, el hallazgo casual y el descubrimiento inevitable.
- El Tribunal Supremo (partiendo de la doctrina del Tribunal Constitucional que posibilita el que por resolución judicial se pueda acordar la medida de intervención telefónica siempre que se expresen o exterioricen las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de tal intervención) entendió que el acceso por parte de los agentes de la Guardia Civil al contenido de las aplicaciones del teléfono móvil del condenado, si bien afectaba al derecho constitucional al secreto de las comunicaciones protegido en el artículo 18.3 de la CE, se llevó a cabo previa autorización judicial mediante auto adoptado como consecuencia del requerimiento de la Policía Judicial para el encendido del teléfono y la comprobación de los datos obrantes en el mismo.
- El Tribunal Supremo (partiendo de la doctrina del Tribunal Constitucional que posibilita el que por resolución judicial se pueda acordar la medida de intervención telefónica siempre que se expresen o exterioricen las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de tal intervención) entendió que el acceso por parte de los agentes de la Guardia Civil al contenido de las aplicaciones del teléfono móvil del condenado, si bien afectaba al derecho constitucional al secreto de las comunicaciones protegido en el artículo 18.3 de la CE, se llevó a cabo previa autorización judicial mediante auto adoptado como consecuencia del requerimiento de la Policía Judicial para el encendido del teléfono y la comprobación de los datos obrantes en el mismo.
- En dicho auto judicial se autorizaba al equipo de Policía Judicial para que pudiera encender el terminal telefónico intervenido al recurrente, al objeto de comprobar y reseñar datos sobre las comunicaciones existentes vía SMS, vía MMS, vía Whatsapp, y datos de contacto de la agenda... Partiendo de esa base, no puede alegarse que se haya vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones.
- Habida cuenta que la intervención no es nula, la prueba así obtenida ha de considerarse válida, concurriendo en la misma todos los requisitos legalmente previstos para poder ser valorada como prueba de cargo.
