21.097 metros contra las tasas judiciales

Son más de una decena las carreras populares en las que he llevado la camiseta que incluye el lema "no a las tasas judiciales". En esta ocasión, porté la camiseta con razón de la XXVI edición de la Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola celebrada el pasado domingo 18 de enero, prueba en la que se inscribieron 9.360 corredores llegados desde todos los puntos de España y también del extranjero.

Todas las iniciativas que promuevan la derogación de estas injustas tasas son bienvenidas. En este sentido debe resaltarse a la "Brigada Tuitera", iniciativa nacida en Twitter que se define como un movimiento reivindicativo, al margen de ideologías, que tiene por objeto advertir a la ciudadanía del desmantelamiento de nuestra JUSTICIA, la cual ha logrado que la derogación de las tasas judiciales se haya convertido en un asunto de gran repercusión en redes sociales.

Caducidad: como el trascurso del tiempo anula una sanción por regar sin autorización

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 23 de septiembre de 2014 (Nº Sentencia: 841/2014; Nº Recurso: 829/2012) resuelve el recurso interpuesto contra la decisión adoptada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana de sancionar a un ciudadano, que detrajo aguas subterráneas de un pozo no autorizado para el riego de 28,09 hectáreas de vid en la localidad de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), con una multa de 6.010,13 euros, condenándolo igualmente a sufragar una indemnización de 871,08 euros por los daños causados y a la clausura del pozo.

La conducta realizada por el ciudadano se entendió constitutiva de la infracción prevista en los apartados a. (“Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas”)  y b. del artículo 116.3 (“La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa”) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, calificándose tal infracción como menos grave.

Uno de los motivos en los que se apoyó el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia aludía a la caducidad del expediente administrativo. Cuando un procedimiento caduca, éste queda sin efecto, anulándose todo lo actuado, si bien la Administración correspondiente se encuentra habilitada para reiniciar el procedimiento sancionador desde el principio si no se hubiese agotado el plazo de prescripción de la infracción en cuestión.

En el supuesto resuelto por esta sentencia de 23 de septiembre de 2014 resultaron de aplicación la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas (la cual establece “que los plazos para resolver y notificar la resolución en los procedimientos regulados en esta Ley serán los siguientes:…3.º Procedimientos sancionadores y otras actuaciones referentes al dominio público hidráulico, un año”) y el art. 332 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (que señala que “El plazo para resolver no excederá de un año, contado a partir de la incoación del expediente”).

En este procedimiento, “la tramitación del expediente sancionador ha excedido del plazo de un año legalmente previsto, en concreto, ha tenido una duración total de 12 meses y 4 días”, lo que conllevó que se anulara la resolución recurrida.

Publicado en el número 979 de diciembre de 2014 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 802.

Un sms muy sospechoso

Hace 3 días recibí un sms un tanto sospechoso en el que alguien me informaba que, en respuesta a una supuesta solicitud por mi realizada, habían estado intentado localizarme pero no lo habían logrado; finalizaba dicho mensaje rogando que llamara a un número de teléfono señalando que se trataba de un asunto muy importante. 

Dada la extrañeza que me generó dicho sms (no había realizado ninguna solicitud en los últimos meses ni tenía en el registro del móvil señal de que me hubieran llamado) busqué en internet información al respecto; pude comprobar como la Policía Nacional a través de su cuenta de twitter advertía que dicho mensaje representaba un fraude.

Sería conveniente que se dotara de medios suficientes a la Policía y/o Administraciones Públicas para que de oficio actuaran de inmediato contra estas conductas que engañan al ciudadano evitando así que colectivos más vulnerables  que desconocen cómo funcionan estas tretas (véase los ancianos) sean víctimas de estas trampas.

Resumen del año jurídico 2014 en la Región de Murcia

Publicado en Murciaeconomia.com el 2 de enero de 2015.

Al igual que realizamos al final del 2013, cuando ha terminado el 2014, es hora de realizar un balance del mismo. Desde el punto de vista jurídico, son muchos los acontecimientos jurídicos y/o judiciales que merecen destacarse:

El año comenzaba con la declaración en enero del concurso necesario de la empresa conservera Halcón Foods, la cual llegó a emplear a más de 1.000 trabajadores y facturar cerca de 100 millones de euros en 2004; posteriormente, en el mes de octubre, esta empresa finalmente entró en fase de liquidación.

En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Contencioso Administrativo) suspendía la ejecución de dos órdenes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, ordenes en las que se obligaba al consorcio del aeropuerto de Corvera a devolver a la Comunidad un aval de 182 millones de euros. El "affaire" del citado aeropuerto, que comenzó en el 2014 en los tribunales, ha acabado este año fuera de los mismos dado que recientemente ha sido comunicada la decisión del gobierno regional murciano de licitar un nuevo concurso del aeropuerto tras no alcanzar un acuerdo con la concesionaria del mismo.

En el mes de mayo la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenaba a la alcaldesa de Pliego y a su predecesor en la alcaldía como autores de un delito de prevaricación por no poner remedio a los ruidos y vibraciones originados por un local del citado municipio.

A finales de agosto, se conocía la decisión de Don Javier Vaquer Marín, juez del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, de aprobar el descenso del Real Murcia a la Segunda División “B” al levantar la suspensión cautelar de la sanción impuesta al Real Murcia consistente en el descenso a la citada división.

En el mes de octubre se desarrolló a nivel nacional la 'Operación Púnica', trama de corrupción por la adjudicación irregular de contratos públicos, operación que motivó en la Región de Murcia la detención de dos altos cargos regionales y la de un exalcalde de Cartagena.

Más tarde y en el mismo mes se produjo la imputación de 30 personas (entre las que se incluyen el alcalde de Caravaca de la Cruz, una treintena de ediles y otros altos cargos) por el 'Caso Roblecillo', el cual se instruye por la presunta recalificación irregular de la Finca El Roblecillo (Caravaca).

  2014

A principios del mes de noviembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Murcia declaraba nula la decisión adoptada por la Consejería de Sanidad de jubilar forzosamente al personal médico a los 65 años (sin posibilidad de prórroga), dado que la obligatoriedad de la jubilación y la denegación de prórrogas "no respeta el principio de jerarquía normativa y es contraria al artículo 26 de la Ley 55/2003 y Estatuto Marco de Personal Estatutario".

En este mismo mes de noviembre fueron detenidas varias personas en Molina de Segura que presuntamente habían  vertido ilegalmente residuos tóxicos peligrosos al alcantarillado poniendo en riesgo tanto la salud pública como el medio ambiente.

El 4 de diciembre la Audiencia Provincial de Murcia dictaba una sentencia en la que declaraba la nulidad de la cláusula suelo incluida en un préstamo hipotecario firmado por una pyme, novedosa decisión dado que normalmente tan solo se habían anulado dichas cláusulas cuando el préstamo hipotecario era firmado por consumidores personas físicas.

Durante todo el año ha continuado tramitándose en la Audiencia Nacional el procedimiento penal contra los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por la deficiente gestión de tal entidad. Una de las últimas actuaciones se dio a principios del mes de diciembre cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación en el que acusó a 8 de tales exdirectivos de falsear las cuentas de dicha entidad financiera lo que podría ser constitutivo de los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y/o de administración desleal.

Éstos son algunos de los asuntos jurídico-judiciales (no todos) que han tenido más repercusión en la Región de Murcia. Considerando la escasez de medios con los que cuenta la Administración de Justicia en la Región de Murcia (algunos de los juzgados murcianos, como los de San Javier o Totana, se encuentran a la cabeza de los más colapsados de España) tan solo queda pedir un deseo para el año 2015: la dotación de más medios a los órganos judiciales de nuestra Región para agilizar la resolución de los conflictos jurídicos que puedan suscitarse.