jueves, 30 de octubre de 2014

Reflexión legal a propósito del veto ruso


En este momento en que los agricultores se plantean cómo afrontar el veto ruso impuesto a la importación de productos agroalimentarios de la Unión Europea, me parece conveniente recordar cómo se respondió ante una situación similar no hace tanto tiempo.

En el año 2001, con motivo de la enfermedad de las “vacas locas” (encefalopatía espongiforme bovina o “eeb”), casi 500 ganaderos españoles, con el apoyo de la Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y de la Unió de Pagesos, interpusieron ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas un recurso requiriendo que se condenara al Consejo de Ministros de la UE y a la Comisión Europea al abono de compensaciones por los perjuicios económicos y daños morales causados por un importe total de más de 22 millones de euros.

De acuerdo con la sentencia que resolvió tal controversia, la reclamación se presentó con el objeto de obtener la reparación de los daños supuestamente sufridos por los demandantes, como consecuencia de las acciones y omisiones del Consejo y de la Comisión, a raíz de la aparición de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina en España.

El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, a través de sentencia de 13 de diciembre de 2006, resolvió que no cabía condenar al pago de cantidad alguna ni al Consejo de Ministros ni a la Comisión Europea dado que:

i) Las acciones y omisiones (que indicaban los demandantes que ambas instituciones habían desarrollo cometiendo una ilegalidad) no podían considerarse causa cierta y directa de la aparición de la citada enfermedad en España en 2000 ni tampoco el origen de la derivada caída del precio y del consumo de la carne de vacuno en nuestro país.

ii) No se había demostrado que la eeb no habría afectado al ganado vacuno español de haberse adoptado por las citadas instituciones las acciones que los demandantes señalaban que se debían haber desarrollado.

Texto íntegro de la sentencia disponible en http://curia.europa.eu/

Publicado en el número 977 de octubre de 2014 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 652.

viernes, 24 de octubre de 2014

Si no contestas en 30 días, cederé hasta tus datos bancarios

Recibí esta semana una carta por correo ordinario (sin certificar y/o acuse de recibo) en la que se me informa que la entidad financiera con la que opero ha suscrito un acuerdo con una empresa de servicio de descuentos, siendo necesario para que pueda beneficiarme de los descuentos que autorice a dicha entidad financiera a comunicar a la empresa de servicios de descuentos los siguientes datos: nombre, apellidos, NIF, e-mail, teléfono móvil y los números de todas mis tarjetas bancarias; de darse mi consentimiento dichos datos serían incorporadas a un fichero de la empresa de servicios de descuentos. Sobra decir que ha sido la citada entidad financiera quien ha interpretado motu propio que estoy interesado en dichos descuentos.

Lo que me ha resultado más curioso de todo ha sido la forma en la que han pedido mi consentimiento para ceder tan personales datos: Le informamos que dispone de un plazo de treinta días para manifestar su negativa a la referida cesión de datos, transcurrido el cual, la entidad financiera entenderá que cuenta con su consentimiento a tal cesión, procediendo inmediatamente a realizar ia comunicación descrita, todo ello, de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Para comunicar mi negativa a la referida cesión de datos, me invitan a hacerlo constar así en un documento a remitir en el sobre prefranqueado que se me adjuntó a tal carta.

El artículo 14.2 citado habilita al responsable de un fichero a facilitar los datos de una persona a través de esta fórmula, ésto es, comunicando tal decisión al afectado concediendo un plazo de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento, advirtiéndole de que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal añadiéndose que En todo caso, será necesario que el responsable del tratamiento pueda conocer si la comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.

Dos ideas me surgen sobre este asunto:

1) La carta que se me remitió por correo postal pudo haber llegado a su destinatario, a un vecino o perderse por el camino, de tal manera que el responsable del fichero que remitió la carta podría desconocer si la carta se entregó a su destinatario o fue rechazada.

2) En cualquier caso, entiendo inadecuada la fórmula utilizada para recabar el consentimiento para ceder unos datos tan personales como los referidos a una tarjeta bancaria.

* Los nombres que se han dado a la entidad financiera y a la empresa de servicio de descuentos son ficticios.


jueves, 16 de octubre de 2014

¿Condenado por dañar el cultivo de una finca ajena sin tener conciencia de ello?

La Audiencia Provincial de Murcia (Sección Quinta), en Sentencia de 24 de junio de 2014, confirmó la decisión adoptada por el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Cartagena por la que se absolvió al acusado de un delito de daños recogido en el artículo 263 del Código Penal (causar daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código).

En este supuesto se trataba de resolver si el ciudadano acusado había incurrido en el referido delito al roturar una finca ajena que tenía arrendada una sociedad mercantil, roturación que produjo daños al cultivo y al sistema de riego de dicha finca.

La Audiencia Provincial de Murcia describe en otra resolución los requisitos que deben darse para que se cometa el delito de daños: la Sección Tercera de esta Audiencia, en Sentencia de 31 de enero de 2013, condenó a un ciudadano por la comisión del citado ilícito al concurrir en el caso los elementos objetivos y subjetivo de tipo básico del delito de daños, del artículo 263 del Código Penal, es decir, la realidad de los daños y la intención del acusado de ocasionarlos.

La absolución adoptada por el Juzgado de Lo Penal Nº 2 de Cartagena (la cual señala la Audiencia Provincial se produce al entender el juzgador de instancia que no existe el elemento subjetivo del delito de daños, esto es, la conciencia del acusado de que al labrar los terrenos estaba dañando unos cultivos realizados por terceros poseedores de dicha finca) es confirmada por esta Sentencia de 24 de junio al considerar que el razonamiento judicial está dentro de los parámetros propios del proceso penal dado que absuelve al tener dudas sobre el real conocimiento por parte del acusado de la posesión del terreno por parte de un tercero, en este caso la mercantil apelante en su condición de arrendataria, por lo que la conclusión alcanzada, se comparta o no, no puede ser nunca calificada como incoherente o irracional, sino que está ajustada a los principios propios de la jurisdicción penal y de ahí que no puede ser modificada.



Publicado en el número 976 de septiembre de 2014 de la Revista Agricultura de Editorial Agrícola (http://www.editorialagricola.com), en su página 582.

viernes, 10 de octubre de 2014

¿La justicia excesivamente rápida es justa?



Siempre se alude al típico dicho de que la justicia lenta no es justicia. Sin embargo, debe plantearse la situación totalmente opuesta: la justicia que por ser excesivamente rápida puede resultar injusta.

Este comentario se realiza a raíz de la lectura de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de noviembre de 2003: esta sentencia resuelve el recurso de apelación interpuesto por un condenado en juicio de faltas, recurso en el que se plantea que no se tuvo en cuenta determinado informe médico porque, ante la rapidez del procedimiento, no pudo emitirse dicho informe antes de la fecha del juicio, que tuvo lugar el día 24 de julio de 2003 (la denuncia que dio lugar a tal juicio se interpuso el 22 de julio).

Ante tal alegación de que el juicio se había celebrado con excesiva celeridad, la Audiencia Provincial de Barcelona manifestó lo siguiente: Ciertamente la justicia a velocidad tan excesiva no es justicia pues puede provocar situaciones como la aquí expuesta que no garantizan precisamente los mínimos derechos de las víctimas o de los justiciables a la tutela judicial efectiva. Pero ello es fruto de la nueva regulación legal dispuesta por el Parlamento; por tanto, no nos corresponde a nosotros hacer mayores consideraciones sobre el particular.

En mi humilde opinión una justicia lenta no es justa pero tampoco lo es aquella que por ser excesivamente rápida no permite que las personas puedan ejercitar sus derechos debidamente ante los tribunales. Como dijo Aristóteles, la virtud está en el punto medio entre dos extremos vicioso.



jueves, 2 de octubre de 2014

"Todas sus consultas jurídicas a 0 €".

Esa es la publicidad que me sorprendió en el día de ayer cuando observé que cerca de mi despacho ha abierto un nuevo bufete de abogados.
Esta estrategia comercial ha motivado el que escriba estas líneas exponiendo ciertas ideas que pueden ayudar al ciudadano a formar una opinión sobre los honorarios de los abogados: 

1) Los españoles tienen una opinión positiva sobre los honorarios que cobran los abogados, según el último barómetro de opinión encargado por el Consejo General de la Abogacía; después de haberse realizado más de 4.000 entrevistas, tal barómetro muestra que la satisfacción con los honorarios cobrados por el abogado se puntúa con una calificación de 6,7 sobre 10.
2) El hecho de que el importe de los honorarios cobrados sea evaluado de forma positiva puede venir motivado por la tendencia que se está dando en los letrados a ajustar cada vez más sus honorarios dada la situación de crisis económica que vivimos: en una encuesta realizada entre más de 200 letrados, los abogados entrevistados manifestaron mayoritariamente que la crisis ha provocado que trabajen más tiempo cobrando menos por ello; en este sentido, cabe señalar que el profesional del Derecho se encuentra entre las 10 profesiones en las que más han bajado los salarios en los últimos quince años .