Los entresijos del caso Marsans

Publicaba este medio el 5 de diciembre una noticia que titulaba así: "Díaz Ferrán simuló su insolvencia mientras cobraba 100.000 euros al mes". En ella se informaba sobre el auto adoptado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el que se acordó el ingreso provisional en prisión de Gerardo Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual Arias, junto a otros involucrados en esa misma trama como Ángel  De Cabo Sanz. Aunque ha pasado un tiempo desde que se conoció tal noticia, resulta relevante destacar determinados aspectos de dicho auto (ver documento adjunto). 

Según se desprende de la citada resolución judicial, toda la trama se presenta configurada de la siguiente forma: "Gerardo Díaz Ferrán y Pascual Arias (fallecido), acordaron con De Cabo Sanz una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en las que su grupo empresarial (el grupo Marsans) se encontraba inmerso, pasando dicha estrategia por ceder el control de dicho grupo a De Cabo, quien se valió de su estructura societaria para ello, comprometiéndose De Cabo a realizar una serie de pagos a los empresarios". 

El plan concertado entre Díaz Ferrán, Pascual Arias y De Cabo Sanz "tendría como base un acuerdo alcanzado entre los dueños de Marsans y De Cabo, consistente en el traspaso del grupo empresarial y sus derechos así como el patrimonio personal y familiar de los primeros al entramado de este último creando una aparente insolvencia, ya que en realidad cada propietario de Marsans debía recibir cien mil euros mensuales hasta alcanzar la suma de ocho millones de euros, respectivamente".

Sobre los pagos realizados a Díaz Ferrán se señala que éste "habría ido recibiendo las mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo, para lo cual visitaría la sede de Ascendía en Valencia cada dos o tres semanas, Pascual Arias no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento".

De Cabo para su cometido habría utilizado operaciones propias de la ocultación patrimonial y blanqueo de capitales tales como "la adquisición, constitución y uso de sociedades instrumentales, interposición de testaferros y fiduciarios, presunta simulación de contratos y otros negocios jurídicos, operaciones de efectivo o asimilados (cheques bancarios al portador), numerosos traspasos de altas cantidades entre cuentas de los mismos titulares".

Destaca el hecho de que se recurriera a la constitución de sociedades en Chipre, Suiza, Liechtenstein, Malta y Hong-Kong, estados que el auto califica como "jurisdicciones de riesgo", todo ello con el fin de crear "una organización configurada por un complejo sistema societario, nacional e internacional".

Las conductas descritas por el auto fueron consideradas como constitutivas de los siguientes delitos:

•         De alzamiento de bienes e insolvencia punible penados en los art. 257 y siguientes del Código Penal con la agravante del art. 250.4° y 5° del Código Penal por ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero.

•         De estafa procesal concursal del art. 250.7 del Código Penal. 

•         De falsedad documental del art. 392 del Código Penal.

•         De blanqueo de capitales de los arts. 301 y siguientes del Código Penal.

Todo lo indicado llevó al juez Velasco a considerar necesario acordar tal medida de la prisión provisional dado que a su parecer en el supuesto planteado concurrían las circunstancias fijadas por el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal necesarias para su adopción, considerando especialmente el "riesgo de fuga y elusión de la acción de la justicia" existente.

No debe dejar de señalarse por último la cifra a la que ascendió la fianza establecida que de haberse prestado hubiera posibilitado eludir dicha prisión provisional: la suma adoptada como fianza, fijada en 30 millones de euros, ha supuesto la mayor fianza establecida en la historia de España.

Publicado el 9 de enero de 2013 en murciaeconomia.com.