¿Es lícito lo que hace el cobrador del frac?

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Con la crisis han proliferado las empresas que se dedican a perseguir a las personas que deben dinero, ridiculizándolas con la presencia ante ellas de cobradores con extravagantes disfraces. El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Buda del Moroso o El Monasterio del Cobro, son empresas que se dedican a presionar a las personas morosas instándolas a que paguen su deuda. Cada vez que veo una de estas situaciones me viene a la cabeza la misma pregunta: ¿es eso legal?

En España no existe normativa que específicamente regule la actividad del recobro de créditos impagados, debiendo acudirse a las leyes ya existentes en otros ámbitos para buscar protección de la justicia ante la presión ejercida por las empresas de recobro. Existen dos vías para intentar poner remedio a estas prácticas:

i) aplicar la Ley 1//1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, que regula el derecho fundamental a la intimidad, privacidad, honor y propia imagen; en su condición de derechos fundamentales de los deudores, por mucho que deban algún dinero, estas personas tienen derecho a defender su honor. Para que haya una intromisión ilegítima contra el honor de una persona al reclamársele una deuda, la forma de reclamar tendrá que exceder de la gestión lícita de cobro, al publicitar una conducta socialmente negativa como es la condición de moroso; no toda reclamación de un cobrador supondrá una intromisión ilegítima contra el honor de una persona.

Normalmente, el éxito de una demanda a través de este procedimiento tendría como resultado una sentencia que declarase que la conducta llevada a cabo por la empresa de recobro constituye una intromisión ilegítima contra el honor del denunciante, decretando el cese inmediato de la conducta irregular, y condenando al cobrador al pago de una determinada cantidad en concepto de daños y perjuicios.

ii) aplicar las leyes penales: en principio, el hecho de reclamar una deuda no constituye ninguna infracción penal; sin embargo, los cobradores muchas veces se extralimitan en sus funciones, llegando a amenazar, coaccionar, insultar, lesionar, etc. a los deudores morosos. Si se da alguna de esta acciones (amenazas, coacciones...) si se podrá condenar penalmente al cobrador en cuestión; dicha condena vendría motivada por dichas amenazas, coacciones... pero nunca por haber reclamado la deuda; la reclamación pacífica del pago de una deuda (aunque se reclame disfrazado) en principio, no puede ser castigada penalmente.

Espero nunca verme en una de estas situaciones...

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